En el año 2018, la Policía Nacional Civil presentó ante los medios de comunicación una captura masiva de supuestos extorsionadores miembros de pandilla como parte de un plan de gobierno. Se iniciaron dos procesos penales por separado con las mismas características, ambos con testigos protegidos, involucrando a personas comerciantes en pequeño de la zona de Ciudad Futura del municipio de Mejicanos, como albañiles, cosmetólogas, árbitros y otros, ninguno de ellos perfilado como pandillero o colaborador formalmente, salvo lo presentado en las noticias. Los casos fueron armados como pantalla, cortina de humo y show policial y gubernamental para justificar las acciones contra las pandillas y que la población tuviera una falsa apreciación de la reacción delincuencial.
Ambos procesos pasaron por el Juzgado de Paz de Cuscatancingo y por el Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado. Sin embargo, en sede de sentencia, uno lo llevó el Tribunal Tercero de Sentencia y el otro en el Tribunal Cuarto de Sentencia, ambos de San Salvador. En dichos juzgados, ambos corrieron con la misma suerte, aunque con circunstancias diferentes.
En ambos procesos, no existió «entrega controlada» ni «serial de billetes», ni testigos de los hechos, más que solo un testigo protegido por cada proceso que era la supuesta víctima, quienes manifestaban haber sido extorsionados por varios meses y en diferentes momentos continuados por los acusados. Un proceso que entre el plazo de investigación, reprogramaciones y suspensiones se tardó prácticamente tres años llevó a un mismo resultado, la absolución, pero por diferentes circunstancias.
Para ilustrar los casos, ambos fueron similares en todo sentido, pero formalmente separados. En el primero de ellos, que se llevaba en el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, la supuesta víctima (y prueba única) nunca se presentó a la Audiencia de Vista Pública pese a la insistencia del Tribunal y de la defensa. Entre excusa y excusa, se le dio un plazo de dos meses a la fiscalía para que se presentara al testigo, y no lo hizo. Por lo tanto, el tribunal ordenó el sobreseimiento definitivo a favor de nuestro cliente (en ese proceso solo se defendía a uno).
En el segundo caso, se llevaba en el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, donde el mismo problema se presentaba, que la víctima (y prueba única) nunca se presentaba a las audiencias. Al final, después de meses, se presentó a audiencia, se desarrolló la Vista Pública y el Tribunal absolvió a todos los imputados (de los cuales defendíamos a tres).
Es importante destacar que en ambos procesos se respetaron las garantías constitucionales de nuestros clientes y se luchó por proteger sus derechos. Este caso muestra la ardua e importante labor de los abogados que defienden a los inocentes y reprochan el crimen. Además, se debe enfatizar que el procedimiento legal se debe seguir siempre con el respeto a las garantías constitucionales, y que en muchos casos, el Estado puede actuar como el verdadero agresor al acusar injustamente a personas que no son responsables.
El Tribunal Tercero de Sentencia y el Tribunal Cuarto de Sentencia, ambos de San Salvador absuelven a los imputados del Delito de Extorsión Agravada Continuada por no haberse probado las acusaciones fiscales.